¿Qué revelan los hechos de la Tarahumara?: análisis de Mario Patrón, Rector en el SUJ.
  • “Los hechos de Cerocahui no son aislados, reflejan una situación nacional que condiciona y lastima la vida de millones de personas; una situación cuya gravedad evidencia los numerosos adeudos de las instituciones públicas ante la legítima exigencia de justicia y seguridad de la sociedad”, Rector de IBERO Puebla.

 

Los crímenes de Cerocahui aún no se esclarecen. Se desconoce el paradero de los responsables del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico de la región tarahumara. Los responsables del ataque que precedió a estos hechos, así como de la desaparición de los hermanos Paul y Armando, también se encuentran en libertad. La verdad de todos estos actos sigue sin desentrañarse y el paradero de los hermanos aún es desconocido.

 

Al respecto, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector en el SUJ, considera que si bien la narrativa actual concentra en El Chueco la total responsabilidad por todos estos delitos, en realidad omite la atención que merece todo el andamiaje estructural que permite la macrocriminalidad e impunidad en esa y otras regiones del país.

 

El Rector en el SUJ subraya: “Una objetiva ponderación de lo sucedido remarcaría la urgencia de medidas concretas de no repetición, la presencia permanente de las autoridades de seguridad en la zona, una investigación que considere los factores estructurales detrás de los hechos, la atención inmediata de las condiciones de impunidad, la puesta en marcha de un plan efectivo de pacificación del país en colaboración con las comunidades y la sociedad civil y, desde luego, poner fin a la enconada resistencia del gobierno federal a rediseñar la estrategia de seguridad que, pese a sus ostensibles evidencias de fracaso, sigue vigente en México desde hace tres lustros”.

 

Si bien Patrón Sánchez reconoce los esfuerzos gubernamentales invertidos para el pronto hallazgo e identificación de los cuerpos de las personas asesinadas; también reflexiona: “La capacidad de reacción mostrada refleja que la procuración de justicia está sujeta a la mediatización de los casos, así como a la disposición y voluntad política. Todos los días mujeres y hombres son privados arbitrariamente de la vida. Desde el inicio del sexenio de Calderón hasta la fecha, las víctimas de homicidio son ya alrededor de 300 mil personas, y más de 100 mil permanecen desaparecidas en nuestro país. Todas merecen verdad, justicia y reparación con la misma disposición con la que se ha atendido el caso de Cerocahui”.

 

El Rector de IBERO Puebla no omite su desasosiego ante las reacciones del gobierno federal: “Frente a la espiral de violencia que padecemos en México, no deja de preocupar la actitud del Presidente, quien pone bajo el filtro de la polarización este tema urgente. Durante la mañanera del 27 de junio, defendió una vez más su estrategia de seguridad y asegura que quienes condenan los hechos en Cerocahui olvidan las masacres y la violencia ocurridas en sexenios anteriores, ésta vez dirigiendo sus descalificaciones sobre los religiosos, asegurando que algunos están ‘apergollados por la oligarquía mexicana”.

 

Frente a ello, el Mtro. Patrón Sánchez amplía y profundiza: “La declaración del Presidente amerita un análisis serio: ¿quién es el apergollado? Los jesuitas han construido una larga tradición de defensa de los derechos humanos. Recordemos su papel frente al levantamiento del EZLN, en 1994, su respaldo al movimiento Yo soy 132, en el 2012, y su trabajo para acompañar la demanda de verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; por no mencionar una a una sus obras sociales, pastorales, y educativas presentes en todo el territorio nacional”.

 

“La presencia jesuita en la Tarahumara se remonta al siglo XVII. Su trabajo se ha distinguido por el sincretismo con la cosmovisión rarámuri, la defensa de sus costumbres, ritos y tradiciones frente a la hegemonía de la cultura moderna, y la defensa de sus derechos humanos y su dignidad ante la violencia que históricamente ha estado presente en la zona; con momentos especialmente álgidos, como ocurrió desde finales de 2006 y que tuvo su expresión más cruenta en la masacre de Creel, ocurrida en 2008”, enfatizó Mario Patrón.

 

El Rector en el SUJ acentuó: “Javier y Joaquín se encontraban en la Tarahumara a consecuencia de su apuesta preferencial por los pobres, ellos estaban en aquella región cumpliendo su vocación de lucha y defensa de la dignidad y la identidad de las comunidades raramuris. Ambos dieron la vida por justicia, la paz y la dignidad”.

 

Para concluir su reflexión, Patrón Sánchez señaló que el sacrificio de Javier y Joaquín: “Recuerda al de los mártires de la UCA, al de Rutilio Grande, al de monseñor Romero, y al de tantos otros que han dado la vida por la justicia y la paz. En memoria de Joaquín y Javier, y por la sangre de tantas personas asesinadas y desaparecidas en el país, el llamado es a emprender un nuevo camino común de paz, y ello supone exigir a las autoridades una investigación a fondo de la realidad en la sierra Tarahumara, la protección inmediata y permanente de las comunidades, y el rediseño de una estrategia de seguridad de corte militar que, a dos años y medio de que finalice el presente sexenio, no ha logrado que la sociedad mexicana deje de estar apergollada por la prevalencia del crimen organizado en amplias zonas del país, donde la institucionalidad pública es inexistente o, en su defecto, existe pero opera al servicio de los intereses de redes ilícitas de poder”.

 

Al ser una obra de la Compañía de Jesús, el SUJ condena la violencia generalizada que azota al país y refrenda su opción preferencial por los pobres. Nuestra tarea seguirá siendo visibilizar y denunciar las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en que viven millones de personas en todos los rincones del país, así como la ausencia de la institucionalidad del Estado.

 

Frente al miedo y la violencia, optamos por mantenernos del lado de las personas y comunidades excluidas y, al mismo tiempo, trabajamos para construir puentes que contribuyan a hacer valer la dignidad de la vida a través de los instrumentos de la paz, la justicia y la reconciliación.

 

 

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