Especialistas en el SUJ analizan el proceso de militarización en México
  • En agosto de 2021 se reportaron 98,500 soldados desplegados en tareas internas; 27,400 marinos y 90,000 efectivos de la Guardia Nacional, la cual está integrada por 75% de personal militar.

 

Ante la ampliación de responsabilidades, personal y recursos a las Fuerzas Armadas; expertos en seguridad ciudadana, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, investigadores y académicos enfatizan la importancia de abrir al debate público la razones y, sobre todo, las implicaciones de la insistencia del gobierno federal en cuanto a fortalecer y dar protagonismo a las Fuerzas Armadas, aún por encima de los límites establecidos en la Constitución, las leyes secundarias y las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos.

Ernesto López Portillo y Samuel Storr del Programa de Seguridad Ciudadana en la universidad jesuita, IBERO Ciudad de México, analizan las decisiones del ejecutivo federal a la luz de la siguiente pregunta: si la militarización no ha servido para lograr los objetivos declarados por el Gobierno Federal ¿por qué la coloca en el centro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública?

 

La militarización en México

 

Aún cuando el gobierno actual busca alejarse de la palaba militarización al considerarla negativa, la realidad es que este es un concepto neutral con varias manifestaciones. Los expertos en seguridad ciudadana del SUJ señalan que desde 2006 en México prevalecen 5 tendencias que caracteriza la militarizació en nuestro país:

Tendencia 1: Militarización directa, la cual refiere al despliegue de militares en tareas internas bajo los argumentos de que la intervención es necesaria y excepcional. En este sexenio como en los anteriores, nunca se aplicaron límites reales a la duración, alcance geográfico y tipo de actuación del personal militar. Entre 2000 y 2006 hubo 32,500 militares desplegados en tareas de seguridad pública y procuración de justicia; durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012) hubo 48,500; en el periodo de Enrique Peña (2012-2018) hubo 53,000 soldados y 16,700 marinos. En agostos de 2021 se reportaron 98,500 soldados desplegados; 27,400 marinos y 90,000 efectivos de la Guardia Nacional, la cual está integrada por 75% de personal militar.

Tendencia 2: Militarización indirecta, la que ocurre cuando las instituciones civiles adquieren características y lógicas propias de las instancias militares. Lo anterior se ilustra con los datos siguientes: hoy la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que determina las armas permitidas a las policías estatales y municipales. Al respecto, en 2019 el Centro Nacional de Información encontró entre 70 y 80 tipos distintos de armas utilizadas por las policías…, incluidas las utilizadas en la noche de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como las armas prohibidas por el gobierno alemán para ser usadas en zonas de conflicto. Sumado a lo anterior, tenemos que entre 2012 y 2018 la Sedena capacitó a 25 mil policías federales, estatales y municipales.

Tendencia 3: Debido a su prolongada participación en tareas que no corresponden con su naturaleza y la misión de garantizar la seguridad exterior, las fuerzas armadas han debido hacer cambios estructurales para adaptarse y no moverse en la ilegalidad…, aunque al final si lo hagan en la ilegitimidad.

Tendencia 4: El poder estructural acumulado por los militares se manifiesta en actos de influencia política para lograr reformas legales. El mismo general Luis Crescencio Sandoval ha reconocido que este cabildeo empezó con el general Galván (sexenio de Calderón), fue  seguido por el general Salvador Cienfuegos y se concretó en la Ley de Seguridad Interior, la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tendencia 5: La quinta etapa muestra la llegada de México a un gobierno militarista, pues exalta las cualidades “superiores” de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las instituciones civiles. El presidente López Obrador ha integrado a las fuerzas armadas a su discurso cuando se refiere a éstas como “el pueblo uniformado e incorruptible que sirve a un proyecto de Estado” que se basa en obras de construcción emblemáticas, explotación de los recursos naturales y la retracción de las instituciones civiles. A las fuerzas armadas se les ha permitido autonomía para construir las políticas de seguridad. Apoyadas por el presidente López Obrador, las fuerzas armadas consiguieron las bases legales para lograr la Ley de la Guardia Nacional. Si no se evita, el siguiente paso será incorporar a la Guardia Nacional como una tercera fuerza del ejército dedicada a tareas de seguridad pública.

 

Resultados de la militarización en México

 

Ernesto López Portillo y Samuel Storr consideran que evaluar los resultados de la militarización supone ubicar las razones por las cuales se ha intentado explicar y justificar su pertinencia e, incluso, necesidad.

En México, desde el gobierno de Vicente Fox hasta el de Andrés Manuel López Obrador, se ha dicho que la presencia de las Fuerzas Armadas es respuesta a la urgente necesidad de revertir el fenómeno delictivo y apoyar a las fuerzas convencionales hasta que tengan las capacidades de enfrentarlo.

Para evaluar los efectos de la intervención de miitar en México, los especialistas en el SUJ ofrecen los siguientes datos:

  • Oficiales de Estados Unidos estiman que entre el 30 y 35% del territorio mexicano está bajo el control de grupos delictivos.
  • La cantidad de homicidios no sólo no se ha reducido sino ha aumentado. Durante las operaciones conjuntas iniciadas con el gobierno de Felipe Calderón se registraron 880 homicidios en diciembre de 2006. En el gobierno de Enrique Peña se llegaron a registrar 3,106 homicidios durante periodo de mayor despliegue de militares (febrero de 2015); en el gobierno de López Obrador se registran en promedio 2,879 muertes cada mes a pesar del intenso despliege de fuerzas armadas hasta ahora.
  • El despliege militar tampoco ha aumentado y mejorado las capacidades policiales pues al menos en 19 estados hay menos personal operativo en las policías estatales y en 29 estados hay menos policía municipal. Según datos del propio gobierno, nuestro país solo tiene el 58% de policías que debería tener.

La historia de México demuestra que la acumulación de poder por las fuerzas armadas puede ser un obstáculo en la construcción democrática de la seguridad. Consideramos que sostener las tendencias aquí señaladas contribuyen a profundizar la crisis de seguridad, ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones civiles.

Para lograr un proceso de construcción democrática de la seguridad, en el SUJ consideramos fundamental:

  • Revertir el enfoque de control de la población por parte de las fuerzas armadas;
  • Garantizar los máximos controles necesarios al uso de la fuerza para hacerla realmente un componente útil y legítimo en la garantía de la seguridad ciudadana;
  • Implementar una política de mejora y fortalecimiento de las policías locales, bajo un esquema de colaboración subsidiaria;
  • Definir e implementar una política de profesionalización y dignificación de la función policial;
  • Establecer el mejor modelo de transparencia y rendición de cuentas, basado en la evaluación independiente de las fuerzas de seguridad pública;
  • Emprender procesos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a las fuerzas armadas para dar cumplimiento y fortalecer al régimen constitucional vigente basado en un gobierno representativo de corte civil.

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