Centro Prodh impulsa proceso de justicia a víctimas de la industria armamentista
  • El Centro Prodh contribuye al litigio internacional emprendido por la Cancillería mexicana para reivindicar los derechos de las personas víctimas de la industria de armas estadounidense.

 

Un grupo plural de académicas, académicos, activistas, víctimas y organizaciones civiles nos sumamos al litigio contra las grandes empresas armamentistas de los Estados Unidos, mediante la figura de un amicus curiae, consideraciones de hecho y de derecho sobre el impacto en vidas perdidas de esta industria.

 

Francisco Javier Barajas Piña fue asesinado el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato. Lo mataron porque él y su familia, ante la negligencia gubernamental, se encargaron de la búsqueda de su hermana Guadalupe Barajas, quien desapareció en febrero de 2020. Un año después, en 2021, el cuerpo de Guadalupe fue identificado en una de las fosas clandestinas más grandes del estado, donde se hallaron alrededor de 80 cuerpos más. Tres meses después de eso, Javier fue asesinado y cuando se detuvo a los probables homicidas, se demostró que los disparos que realizaron contra Javier provenían de una arma norteamericana de reciente fabricación.

 

Lo sucedido contra Javier, es una constante en México que se cuenta por miles de personas que viven en su propia carne los resultados y daños de la violencia que causan las armas.

 

El caso de Javier es uno de los que el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh), una institución hermana del SUJ y también obra de la Compañía de Jesús, ha documentado sobre personas víctimas de la industria armamentista en México.

 

A raíz de que un grupo de abogadas y abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores diseñará una estrategia de litigio contra las grandes empresas armamentistas de Estados Unidos, un grupo plural de organismos civiles, académicos, víctimas y activistas se sumaron a este inédito e importante proceso judicial en curso.

 

El Prodh, además de compartir los casos que ha documentado, colabora activamente con la elaboración de un Amicus Curiae donde se plantean argumentos de hecho y de derecho respecto del impacto en las vidas por esta industria.

 

La violencia de las armas que se vive en México es multifactorial y buena parte de sus causas están en México, entre ellas un modelo de seguridad militarizado y centralista, la negligencia e incapacidad de las policías estatales y municipales, un sistema de justicia que hace pervivir la impunidad, la estrecha vinculación entre la delincuencia organizada y la autoridad; así como la progresiva deshumanización que ha arrebatado a la vida su carácter de sagrada e inviolable.

 

En cuanto al comercio de armas, también son de México los déficits pues la distribución ilegal de fusiles de fabricación alemana han ocurrido debido a las redes de corrupción donde el Ejército está involucrado,

 

Como organizaciones aliadas en la protección y defensa de los derechos humanos, el SUJ reconoce y alienta al Prodh, así como a las demás instancias involucradas, en su empeño por garantizar justicia para las víctimas de la industria armamentista.

 

Sin duda, este ejercicio de trabajo colaborativo intersectorial representa una oportunidad relevante para avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos que contribuyan a garantizar el cumplimiento de la responsabilidad de las empresas por violaciones a los derechos humanos.

 

El Sistema Universitario Jesuita se mantendrá pendiente y solidario con este proceso, con las víctimas de la violencia armamentista y con las y los defensores de derechos humanos que impulsan el litigio de estos casos.

 

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