¿A quién beneficia la militarización?: Programa de Seguridad Ciudadana del SUJ
  • El Programa de Seguridad Ciudadana (PSC), pertenceciente al SUJ, recupera el análisis de expertos latinoamericanos en cuanto los costos y beneficios para militarizar un país.

 

 

En vez de coadyuvar a la seguridad pública de manera temporal y excepcional, los datos oficiales muestran que las fuerzas armadas han sido desplegadas, transformadas y fortalecidas, a costa del abandono de las policías civiles. A pesar de ello, la violencia no se ha reducido.

 

Frente a esta realidad, y en la búsqueda de respuestas y alternativas, el Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) del SUJ, en la IBERO Ciudad de México, recupera el análisis de expertos latinoamericanos en cuanto a que la militarización de varios países en la región se explica en buena medida por la debilidad de las democracias y de las instituciones civiles, y por la utilidad de llevar a cabo los proyectos de Estado directamente y a través de los militares, excluyendo a los civiles.

 

En febrero de 2019, los titulares de las secretarías mexicanas de la Defensa Nacional y de Marina comparecieron ante el Senado y, si bien argumentaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, también reconocieron que la participación de los militares en tareas ajenas a su misión principal, que es la defensa de la soberanía, ha implicado desgaste de su personal y críticas a la institución militar: “Los muertos los ponemos nosotros, las críticas las sentimos nosotros, los derechos humanos, respetamos los derechos humanos. Tenemos personal de capitanes, almirantes que están en las cárceles porque cometieron errores, damos la cara ante los derechos humanos”, señaló el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

 

Para aproximarnos al impacto que tiene para el ejército asumir tareas civiles, en estas ocasión el PCS nos asoma a la revisión de tres aspectos: bajas del personal militar, presupuesto e inclusión en tareas civiles distintas a las de seguridad.

 

En cuanto al registro de bajas del personal militar, el PCS señala que ésta información permanece en opacidad pues la estadística publicada es incompleta: por ejemplo, la SEDENA dice que no existe en sus archivos la cantidad de personal dado de baja por incapacidad y los datos que ofrece la institución respecto a las bajas por defunción no da cuenta del costo humano vinculado a la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, el PCS en el SUJ observa que con la información publicada si es posible notar que los años más peligrosos para los militares también fueron los años en que más letalidad produjeron: en 2011, la SEDENA reportó 1 mil 297 presuntos delincuentes civiles fallecidos en agresiones, comparado con 40 soldados, un factor de 30 a favor de los militares.

 

El PCS señala que desde su inclusión a la guerra contra el narcotráfico, las fuerzas armadas mexicanas han tenido un aumento presupuestal sostenido. Al respecto, los y las especialistas en seguridad señalan que la Cuenta Pública estableció que en el 2020 los egresos de la SEDENA excedieron los 124 mil millones de pesos, un incremento de 160% en términos reales sobre el gasto en 2006.

 

Aunado a lo anterior, el grupo de analistas en el SUJ puntualizan que en el aumento de recursos a las fuerzas armadas debe considerarse que mediante la Iniciativa Mérida el gobierno de Estados Unidos destinó a las fuerzas de seguridad y justicia 3, 000 millones de dólares hasta 2021. Junto a ello, los fideicomisos de SEDENA se acrecentaron.

 

El aumento de recursos ha repercutido en la renovación de equipos, inversiones en la industria militar, se mejoraron las condiciones laborales, particularmente para la tropa (soldados, cabos y sargentos), lo cual contribuyó a reducir notoriamente las deserciones. Al inicio de 2021, el sueldo neto mensual de un soldado se encontraba entre 12 mil 477, en comparación con el ingreso promedio de un policía a finales de 2020 que fue 10 mil 316 pesos.

 

En cuanto al incremento de actividad en tareas civiles no asociadas a la seguridad, el PSC señala que, a diferencia de anteriores sexenios, la administración federal actual ha asignado más y más funciones asociadas en áreas de salud, educación, obras públicas y política social.

 

Si bien han crecido los cuestionamientos y las críticas de esta decisión gubernamental, ello no ha detenido los beneficios que tienen y que tendrán las fuerzas armadas por su vinculación a proyectos de infraestructura, pues se sabe que las obras operadas por empresas militares recibirán el 75% de sus utilidades, buena parte de las que se dirigirán a las pensiones militares.

 

En cambio, a la reciente multifuncionalidad de las fuerzas armadas no se ha correspondido el fortalecimiento de los controles y mecanismos de vigilancia, transparencia y fiscalización para garantizar su debido sometimiento legal; por el contrario, pues por decreto presidencial se ha declarado que toda obra pública construida por las fuerzas armadas será considerada de seguridad nacional.

 

Haciendo un breve recuento, el PSC señala que las mejoras materiales en el equipo e infraestructura, han contribuido a la reducción de las deserciones y también al amortiguamiento de los costos de la guerra contra el narcotráfico. Si bien esto podría leerse como positivo, también es importante visibilizar que a partir de entonces los titulares de las fuerzas armadas, particularmente los secretarios de la Defensa y de la Marina, han abandonado la neutralidad política y se han declarado a favor de un proyecto de gobierno que busca ampliar aún más sus responsabilidades, mucho más allá de la defensa nacional del territorio que es el oficio natural y único de las fuerzas armadas de cualquier país con vocación democrática.

 

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