Universidades del SUJ se unen para salvaguardar los derechos humanos
  • Universidades jesuitas se unen y articulan esfuerzos para instruir y fortalecer las prácticas y resoluciones del poder judicial del estado de Coahuila

 

Universidades del SUJ – IBERO Puebla, Ciudad de México y Torreón-  participaron en la elaboración de un Amicus Curiae para  al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza una serie de argumentos y estándares de derechos humanos para su aplicación en el caso de una mujer acusada de filicidio acontecido en julio 2020.

Un Amicus Curiae es un instrumento que ofrece a las autoridades jurisdiccionales información útil, buenas prácticas y opiniones relevantes sobre temas en concreto, por lo que se convierte en una poderosa herramienta procesal para ampliar el conocimiento y fortalecer la deliberación que las y los jueces deben realizar para determinar y enriquecer sus resoluciones.

Para la elaboración y presentación de este instrumento, IBERO Puebla congregó al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC; al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; las Clínicas Jurídicas de IBEROs Torreón y Ciudad de México; el Instituro de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos; NKUC Consultoría, SC; Círculo Feminista de Análisis Jurídico; Comunicación DS; y a título personal la académica Michelle Guerra Sastré, la consultora Susana Camacho Maciel y la defensora de derechos humanos Volga de Pina Ravest.

Dichas instituciones y personas presentaron esta herramienta para ofrecer estándares internacionales de derechos humanos al órgano jurisdiccional respecto de:

  • El marco de protección a las mujeres y el enfoque de género que deben adoptar los Estados para su protección frente a la violencia y la discriminación, donde las organizaciones profundizaron en el tipo, naturaleza y consecuencias de las obligaciones del Estado mexicano respecto de los derechos de las mujeres; así como en la definición y alcances del concepto “discriminación contra la mujer”.
  • Las relaciones asimétricas de poder y los roles estereotipados de género en relación al sistema de justicia. En este apartado, las instituciones y personas que elaboraron el Amicus Curiae ofrecieron elementos al juzgador para que este contemplase que las formas de discriminación y la violencia contra las mujeres son reflejo de condiciones históricas de desigualdad y de una cultura patriarcal a las que se enfrentan permanentemente. En ese sentido, advirtieron al juzgador de que esta realidad también se manifiesta en la conformación de las normas jurídicas, así como en la aplicación e interpretación de las mismas. Frente a ello, mostraron al juzgador la importancia y pertinencia de aplicar el derecho penal a la luz de los derechos humanos y la perspectiva de género para superar precondiciones discriminatorias, de violencia y sexistas en la aplicación normativa y en la construcción de resoluciones judiciales.
  • La obligación de juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, lo que supone identificar la relación de poder entre las dos personas acusadas, visibilizar la desventaja por razón de género, así como cuestionar la neutralidad del derecho penal.

 

Así, con el desarrollo acusioso de todos los conceptos y criterios mencionados a partir de los estándares más altos en materia de derechos humanos, las organizaciones y personas firmantes del Amicus Curiae buscan contribuir al análisis minucioso del caso de la mujer acusada de filicidio, buscando que se garantice la protección jurisdiccional de sus derechos humanos y el orden constitucional al momento de dictar su resolución.

Es misión de las universidades del SUJ impulsar el trabajo colaborativo para contribuir a develar y prevenir los mecanismos por los que una persona o grupo perteneciente a un población vulnerabilizada, en este caso una mujer, pueda ser nuevamente vulnerada, discriminada y excluida.

En el ambito de los procesos judiciales, si bien en México hay obligación de juzgar con los enfoques de derechos humanos y de género, aún hay mucho camino que recorrer. No es infrecuente que en la integración de carpetas de investigación penal, así como en las acciones y resoluciones en el ámbito de la administración de justicia, las y los operadores desconozcan, omitan o no sepan como aplicar dichos enfoques con lo que contribuyen a profundizar las condiciones de victimización, exclusión y discriminación.

El aporte realizado por las universidades jesuitas de Puebla, Torreón y Ciudad de México constituye un ejercicio fructífero por sus resultados en cuanto a articular a distintos actores para fortalecer al poder judicial, así como por ser una buena práctica que las universidades podemos realizar cotidianamente para contribuir a la transformación de las condiciones de injusticia y violaciones a los derechos humanos que afectan particularmente a poblaciones vulnerabilizadas.

 

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