Universidad del SUJ y la Cooperación Alemana analizan emergencia forense en México

  • En México existen aproximadamente 80 mil personas desaparecidas y 39 mil cuerpos sin identificar.
  • El Dr. Diego García Ricci, señala que México tiene una emergencia forense por las altas tasas de homicidio, cuerpos sin identificar y fosas clandestinas.

 

El problema de la crisis forense en México no parece ser legal porque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas da amplias facultades para el cotejo de datos entre instituciones.

La realidad de violencia e impunidad en México está afectando a numerosas personas desde hace mucho tiempo. En México existen aproximadamente 80 mil personas desaparecidas, y aproximadamente 39 mil cuerpos sin identificar.

Las altas tasas de homicidios, desapariciones, son hechos de la vida cotidiana en la mayor parte del territorio mexicano que, además de mucho dolor a personas concretas, están provocando crisis humanitarias, de justicia e institucionales que se traducen en grados de impunidad difíciles de justificar y de sostener.

El Dr. Diego García Ricci, coordinador de la Especialidad en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en la universidad jesuita de la Ciudad de México, adelanta algunos avances de una investigación sobre la crisis forense en México.

El académico del SUJ, señala que México tiene una emergencia forense por las altas tasas de homicidio, cuerpos sin identificar y fosas clandestinas. En los servicios periciales hay una alta carga de trabajo, los Servicios Médicos Forenses (SEMEFOS) no han digitalizado sus procedimientos de obtención de huellas dactilares como lo hace el INE y hace falta desarrollar infraestructura informática para facilitar los cruces de información.

Hasta agosto de 2020, sólo los SEMEFOS de Ciudad de México, Jalisco y Tamaulipas habían utilizado el padrón de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE) en sus procesos de identificación de personas desaparecidas.

García Ricci señala que por omisión o por desconocimiento, por indiferencia o por ausencia de voluntad, las otras entidades federativas no cotejan información biométrica con el padrón del INE, aunque desde 2016 existe un convenio marco entre el INE, SEMEFOS, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y fiscalías generales de justicia que permite y regula el intercambio de los datos biométricos, de las huellas ad mortem y post mortem, explicaron los analistas.

Por otro lado, el Dr. Diego García Ricci, considera que no hay obstáculo legal para salir adelante de esta crisis pues la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene amplias facultades para realizar el cotejo de datos entre instituciones públicas y privadas.

Bajo el enfoque de derechos humanos y de fortalecimiento institucional, las universidades del SUJ nos mantenemos involucradas para contribuir a resolver de manera integral la emergencia forense en México, por lo que en siguientes fechas se presentarán los resultados del Análisis Jurídico en Materia de Intercambio de Datos Personales con Fines de Identificación Humana, el cual recibió el apoyo financiero de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ).

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