Rector en el SUJ reflexiona sobre el retorno a clases en México.

  • “El retorno a las escuelas ha sido objeto de politización y se ha contaminado por el clima de polarización social prevaleciente, lo cual ha desplazado del centro de atención el bienestar y los derechos de niños y adolescentes”, Rector de IBERO Puebla.

 

Mario Patrón Sánchez, Rector de la universidad del SUJ de Puebla, señala que, a pesar de 17 meses de confinamiento, el gobierno federal trabajó poco en prever estrategias para un retorno seguro a las aulas, pues no realizaron acciones de prevención oportuna, de diseño de programas específicos para el regreso a clases, ni se llevaron a cabo inversiones extraordinarias para garantizar condiciones e infraestructura necesaria.

Ante las afectaciones que los niños y adolescentes han vivido debido al confinamiento, el Rector de Puebla señala que UNICEF y otros organismos han enfatizado la urgencia de un retorno seguro a las clases, procurando el bienestar de los estudiantes.

Aunado a ello, y si bien hay razones que justifican la intención del gobierno para regresar a clases, también es cierto que hay grandes vacíos en los cómos del regreso a las aulas: “De acuerdo con Mexicanos Primero, en el ciclo escolar 2019-20 una quinta parte de las escuelas no tenían acceso al lavado de manos y agua potable. La poca accesibilidad al agua es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de contagio tanto de Covid-19 como de otras enfermedades e infecciones. El anterior dato subraya la falta de previsión con la que se ha tomado esta decisión, de suyo tan necesaria. El debate que hoy se tiene debió producirse desde hace un año, lo cual habría permitido construir los consensos indispensables, diseñar los protocolos adecuados y establecer las infraestructuras que permitieran un retorno a clases con el menor riesgo posible para la salud de los estudiantes y profesores, con pleno respeto del interés superior de la niñez y adolescencia”, señala Patrón Sánchez.

En esta importante coyuntura, el Rector de IBERO Puebla, señala “los gobiernos y los restantes actores políticos tienen una nueva oportunidad para dejar de lado la polarización y la politización, para poner en el centro el derecho a la educación, así como la protección y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es inviable otro ciclo escolar a distancia; sin embargo, se debe proveer presupuesto público para infraestructura escolar, protocolos contextualizados de prevención de riesgos, programas de formación a docentes para acompañarlos en la ejecución de modelos híbridos; así como fortalecer la organicidad colaborativa entre autoridades y padres de familia. De otra forma, el retorno correrá un alto riesgo de ser desordenado e incrementar los factores de peligro asociados a la pandemia; con lo cual se pondría en entredicho el cumplimiento mismo del derecho a la educación que se quiere proteger”.

Sumado a lo anterior, el Rector de la universidad jesuita de Puebla llama a no olvidar que el rezago educativo es una de las principales dificultades derivadas del confinamiento: “la poca accesibilidad a tecnologías en muchas comunidades y el rezago educativo histórico afectaron la calidad de la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país. Previo a la pandemia, los resultados de la prueba Planea de 2018 revelaban que 80 por ciento de los estudiantes participantes no alcanzaron resultados satisfactorios en áreas como comprensión lectora y matemáticas. Aunado a ello, durante la pandemia las cifras de abandono escolar han aumentado considerablemente ante la falta de oportunidades y la incorporación de las infancias y juventudes al sector informal del trabajo. Según el INEGI, en el ciclo escolar anterior se produjo la deserción de 5.2 millones de estudiantes por causa del Covid o por falta de recursos”.

Sumado a las dificultades académicas, la calidad de vida de la infancia en México es afectada por la violencia, señala el Rector de Puebla: “en el primer semestre de 2021 la violencia en el hogar se incrementó en 24 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior; entre la población directamente afectada, son las niñas y adolescentes el sector más violentado, pues en ellos se concentra 93 por ciento de los casos de lesiones en el hogar. La dimensión sicoemocional de este sector poblacional también se ha visto seriamente comprometida durante la pandemia, pues, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2020 los suicidios en niños y adolescentes aumentaron 12 por ciento. Los suicidios de niños entre 10-14 años aumentaron 37 por ciento y en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años 12 por ciento”.

Para el SUJ, la obligación de garantía del derecho a la educación que corresponde al gobierno mexicano, debe contemplarse de manera integral. Esto supone establecer distintas modalidades que AMPLIEN las opciones para que las niñas, los niños y los adolescentes puedan retomar su formación académica con la más alta calidad. El regreso a clases es una opción real cuando se ofrecen las condiciones necesarias y oportunas que reduzcan al máximo posible los riesgos de contagio de COVID 19 y otras infecciones y enfermedades. Mientras ello sucede, el gobierno tiene la obligación de garantizar educación de calidad a distancia a quienes no puedan o decidan no retornar a las aulas.

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