La impunidad ha sido un eje transversal de la historia sociopolítica de México.

  • “La impunidad del ayer se refleja en la impunidad de hoy”: Pilar Noriega de la Comisión de la Verdad de Guerrero .
  • “Para avanzar en la erradicación de la impunidad lo que falta en México es voluntad política”: Daniela Malpica de Justicia Transicional en México.

 

En los Conversatorios “Autonomías, contrapesos y mecanismos extraordinarios para garantizar memoria, verdad y justicia”, organizado por la universidad del SUJ, Ibero Puebla, las defensoras de derechos humanos Pilar Noriega García, integrante de la Comisión de la Verdad de Guerrero (ComVerdad) y Daniela Malpica, integrante de la organización Justicia Transicional en México, analizaron la situación de impunidad que caracteriza a la realidad mexicana.

Las expertas consideraron que en un país como México, cuyas fiscalías perpetúan la impunidad sistemática a través de la incapacidad burocrática y la displicencia política, los mecanismos extraordinarios representan una alternativa para la memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición de violencias.

Pilar Noriega, integrante de la ComVerdad, señaló que hace décadas la defensa de los derechos humanos y el camino hacia la justicia restaurativa han buscado distintas vías de incidencia. Recordó que “en la necesidad de erradicar la impunidad, muchos ciudadanos mexicanos se han organizado para demandar y defender sus derechos a lo largo y ancho del país. La movilización social y la participación ciudadana han sido estratégicas, por eso en los años 80’s se logró que el Estado mexicano se hiciera parte de distintos tratados de derechos humanos y esa misma presión social obligó a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”. La defensora de derechos humanos agregó que en México se ha avanzado, pero aún es necesario que la ciudadanía se apropie de las instituciones públicas.

Por su parte, Daniela Malpica, señaló que en México han comenzado a explorarse otras alternativas para abatir la impunidad. Por ejemplo, en la campaña presidencial de 2018, Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de la amnistía. En ese mismo contexto algunas personas defensoras de derechos humanos comenzaron a hablar de un proyecto de amnistía asociado a un proceso de justicia transicional articulado en cinco pilares: verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Malpica señaló que el actual presidente de la República encontró en la noción de justicia transicional una justificación a su idea de amnistía, al punto que la incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Nacional de Paz; sin embargo, el ejecutivo federal tomó esta decisión sin entender qué es la justicia transicional y, además, omitió comunicar e informar de este proyecto a la población y a las víctimas. Ante el estancamiento y vacío que ha dejado el presidente de la República respecto de esta propuesta, las propias víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y la academia han comenzado a informar a la población sobre que la justicia transicional tiene como objetivos el resolver la impunidad; atender la masividad de las víctimas; generar las condiciones técnicas, económicas y las capacidades humanas para el acceso a la justicia; así como para reconstituir el tejido social.

En el conversatorio organizado por la universidad jesuita, ambas expertas coincidieron que en México la impunidad no puede entenderse sin la falta de voluntad política de los poderes públicos a nivel federal, local y municipal. Aunque hay fiscalías (regulares y especializadas), comisiones de la verdad, organismos públicos de derechos humanos, institutos de las mujeres, comisiones de búsqueda de personas desaparecidas y otras instancias al respecto; al final es la falta de voluntad política la que impide identificar y desarmar las redes de complicidades e impunidad existentes.

Finalmente, Pilar y Daniela concordaron que revertir la impunidad en México desde el enfoque de la justicia transicional sólo tiene posibilidad si:

  • Los poderes públicos ponen en acción su voluntad. Si hay voluntad habrá recursos, impulso a los procesos, personal, adecuada coordinación e interacción de las instituciones.
  • Se garantiza la participación y se logra la confianza de las víctimas y sobrevivientes.
  • Hay acompañamiento y coordinación de y con las organizaciones civiles de derechos humanos y de expertos independientes.
  • Hay transparencia y acceso a la información.
  • Se garantizan condiciones de justicia en los delitos que más laceran a la sociedad (iniciando por el juzgamiento y la sanción de los actores con las responsabilidades más altas), integrando tribunales mixtos (compuestos por expertos e instancias internacionales y locales para fortalecer a las instituciones nacionales, acompañados de mecanismos de supervisión para evitar la corrupción, fortalecer la independencia y la voluntad política), garantizando la aplicación de la justicia tradicional e intercultural para casos donde están involucradas personas y/o pueblos indígenas.
  • Hay mecanismos adecuados para establecer e implementar medidas de reparación y de no repetición integrales.

Para el SUJ es fundamental recuperar, visibilizar y analizar las condiciones que impiden que las personas vivan plenamente sus derechos humanos. Nos hacemos cargo de la realidad realizando estos ejercicios de diálogo e intercambio para provocar propuestas y sinergias que transformen las condiciones actuales.

Nuestro compromiso como universidades jesuitas es favorecer el análisis y la acción para que las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos puedan acceder a la verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición.

 

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