Investigadores y analistas del SUJ reflexionan sobre la naturaleza y futuro de la Guardia Nacional

  • “La Guardia Nacional no presenta una innovación fundamental o duradera para la seguridad pública en México, Programa de Seguridad Ciudadana en el SUJ.

 

En 2012 el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que si fuera presidente sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. Luego, en 2016, señaló que las medidas coercitivas y militarizadas no resuelven nada. De igual forma, durante su campaña a la presidencia en 2018, López Obrador insistió en que reorientaría la estrategia contra la violencia.

Hoy, estando a la mitad de su mandato, el titular del Ejecutivo Federal no sólo no ha desmilitarizado la seguridad pública sino que su tendencia ha sido a profundizar el modelo de militarización, mediante dos acciones principales:

  1. La creación de un acuerdo presidencial que establece la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024.
  2. La puesta en marcha de la Ley que crea a la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que aunque pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada coordinada operativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunado a lo anterior, y a pesar de las críticas y preocupaciones manifestadas por organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, en julio de este año el presidente señaló que propondría una reforma para que dicho cuerpo de seguridad quedase incorporado orgánicamente a la Sedena.

El Programa de Seguridad Ciudadana de IBERO Ciudad de México señala que otro aspecto que refleja la tendencia de profundizar la presencia militar en la Guardia Nacional es su composición interna. Al respecto los siguientes datos:

  • Si se incorporase la Guardia Nacional a la SEDENA, la mayoría de sus miembros no deberán cambiar de institución pues serán dados de alta como policías militares en la SEDENA.
  • Si la Guardia cumpliese sus metas de reclutamiento para 2021, solo el 42% de sus activos serán nuevos miembros, mientras que 36% serán veteranos del ejército y la marina, y 21% de la Policía Federal. Dado que la mayor parte del alistamiento de la Guardia Nacional se nutre de las fuerzas armadas, a finales de 2021 el 79% de la Guardia será militar. Sólo 25 mil miembros de sus filas laboraban en la Policía Federal, y hasta el día de hoy sigue sin plantearse un aumento considerable de civiles al interior de la Guardia.
  • Todos los mandos de la Guardia Nacional son de origen militar.

Dado que la Policía Militar tiene un gran peso en la Guardia Nacional, es importante saber que, según la Ley del Ejército y la Fuerza Aérea, la policía militar debe asegurar la conservación del orden dentro de las instalaciones y terrenos militares, además de garantizar el cumplimiento de la disciplina y el código de justicia militar por parte del personal militar. En este sentido, la Ley de la Guardia Nacional contradice a la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el sentido de que despliega a la policía militar fuera del entorno militar que le corresponde por ley y preparación.

Otro aspecto cuestionado a la Guardia Nacional es que ha sido difícil distinguir el papel que esta instancia tiene en la seguridad pública de México, señalan los expertos en seguridad ciudadana del SUJ.

En materia normativa, esta falta de claridad se alimenta a partir de que varias de las leyes que regulan a las policías estatales y municipales comparten la misma redacción que la Ley de la Guardia Nacional, en el sentido de que “las funciones son iguales para todas las policías”, lo cual genera confusiones, duplicidad y enfrentamiento entre los distintos cuerpos policiales.

Aunado a lo anterior, los integrantes del Programa de Seguridad Ciudadana en el SUJ señalan que que también existen condiciones que impiden distinguir la función de la Guardia Nacional de las funciones de las fuerzas armadas. Esto en la práctica se traduce en que todos los mandos de la Guardia Nacional son de origen castrense: “Desde octubre de 2020 la SEDENA ha ejercido el mando operativo de la Guardia Nacional, de tal manera que la Guardia se encuentra subordinada a la SEDENA, cuando por ley debe ser al revés. En los informes mensuales de seguridad, se presentan las actividades de la Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR como si fueran perfectamente intercambiables. Las actividades básicas reportadas por la Guardia y el ejército son iguales: patrullas preventivas, presencia en puntos de revisión e instalaciones estratégicas, realizar detenciones en el caso que se detecte un delito en flagrancia, y hacer uso de la fuerza letal”.

Para el futuro, los expertos en seguridad ciudadana del SUJ consideran que, según el Proyecto de la Guardia Nacional, hacia el final de este año se sumarán 50 mil militares más a los 270 mil que ya estaban en las fuerzas armadas: “En teoría, los nuevos miembros estarán mejor capacitados en materia de seguridad pública, pero en la práctica no existen o no funcionan los mecanismos internos o externos para evaluar si funciona o no. Sobre todo, la Guardia Nacional no presenta una innovación fundamental o duradera para la seguridad pública en México. Primero, porque se profundiza el involucramiento de las fuerzas armadas dentro del modelo militarizado de la seguridad pública desarrollado desde hace 25 años. Segundo, porque contribuye a la indefinición de la función policial, en vez de consolidar los ámbitos de competencia. Finalmente, la Guardia Nacional no es una solución duradera. Y mientras tanto, se continúan acumulando las impugnaciones y amparos en contra de la militarización de la seguridad pública y la Guardia Nacional en particular.

Para el SUJ sigue siendo importante insistir que las decisiones públicas en materia de seguridad ciudadana deben tomarse e implementarse bajo el enfoque de derechos humanos, así como cumplir las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la materia. Un proceso democrático y de transformación social no será tal si no se construye un modelo de seguridad democrático basado en el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad que sean capaces de volver a asumir sus funciones.

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