Doble discurso del gobierno mexicano en materia de migración: Santiago Corcuera

  • “Resulta reprobable, por decir lo menos, que el gobierno de México lucre políticamente con las personas afganas y maltrate de fea manera a nuestras hermanas centroamericanas y caribeñas”, Santiago Corcuera Cabezut.

 

Santiago Corcuera, docente de Derechos Humanos en la universidad jesuita de la Ciudad de México, considera que la reciente recepción de 391 personas afganas como refugiadas en México es un acto consistente con las obligaciones que el gobierno mexicano tiene en materia de derechos humanos. Sin embargo, lo que resulta incongruente es el maltrato y la contención que el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional ejercen contra personas centroamericanas y haitianas, que seguramente reúnen las condiciones como personas refugiadas: “El canciller Ebrard ha dicho, equivocadamente, que estas personas son migrantes económicas y no refugiadas. Eso es un error. Lo más probable es que las personas hondureñas y haitianas reúnan todas las características para ser reconocidas como personas refugiadas. Sin embargo se les recibe a palos y patadas y se les deporta violando el principio de ‘no devolución’, que es una norma imperativa de derecho internacional general, reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como norma que no admite pacto, ni práctica, en contrario”.

El también expresidente del Grupo del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, señala que es falsa la declaración del presidente López Obrador en cuanto a que en México no se violan los derechos humanos de las personas migrantes: “La falsedad salta a la vista, no es cosa de ‘otros datos’. Devolver personas refugiadas es una violación a sus derechos humanos. Resulta francamente incongruente el comportamiento del gobierno de México en esta materia. Saca raja política con las personas afganas, y a las personas centroamericanas y haitianas las maltrata y las devuelve. Alardea su dizque ‘tradición humanitaria’ con unas, y con otras mancilla y pisotea esa supuesta tradición”.

Si bien en su comunicado de prensa 374, de fecha 25 de agosto de 2021, el gobierno mexicano señaló que “México se ha caracterizado por su tradición en materia de refugio y asilo y por abrir sus puertas a quienes son perseguidos en sus países por motivos políticos, discriminación racial, de género, origen nacional o de cualquier otro tipo. (…) Tal como en el caso del equipo de estudiantes de robótica, este grupo fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien afirmó que todas las vidas humanas son importantes (…) Esta es una decisión política del Estado mexicano. El Gobierno de México, fiel a estos principios y en cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido reitera su disposición a otorgar protección y asistencia por razones humanitarias, dentro de sus capacidades, a las personas procedentes de Afganistán cuya vida e integridad se encuentre en inminente peligro”, el docente en el SUJ precisa que la realidad es que se saca rédito político con las personas afganas, pero discriminando a las hondureñas o haitianas: “El gobierno mexicano cumple sus compromisos con las personas afganas, pero no con las hondureñas o las haitianas”.

Corcuera Cabezut enfatiza “México debería dar un tratamiento no discriminatorio a todas las personas extranjeras que huyen por temores fundados de persecución o porque su vida, su libertad o su integridad estén en peligro. Esa tradición humanitaria que el Canciller Ebrard presume, México la honró con las más de 40 mil personas refugiadas guatemaltecas que protegió durante la década de los 80. Hoy debería hacerse lo mismo. Ahí está el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley sobre Refugiados, para que se aplique cuando sea necesario; no para que se ignore si no es redituable políticamente. Resulta reprobable, por decir lo menos, que el gobierno de México lucre políticamente con las personas afganas y maltrate de fea manera a nuestras hermanas centroamericanas y caribeñas”.

El SUJ hace suyo el principio de universalidad de salvaguardar los derechos humanos  que garantiza la no discriminación en el reconocimiento, acceso y disfrute pleno de todos los derechos para todas las personas, independientemente de su situación jurídica, estado de salud, nacionalidad o cualquiera otra circurnstancia o característica.

Más aún, la situación que coloca a las personas migrantes centroamericanas y haitianas en una situación de extrema vulnerabilidad, con peligros inminentes a su vida y/o integridad personal, obliga a la atención extraordinaria por parte del estado mexicano.

En materia de derechos humanos, las acciones gubernamentales nunca pueden determinarse a partir de los beneficios o costos políticos que puedan generar; sino en términos de cumplir las obligaciones de preservar la vida, la dignidad, la integridad, el proyecto de vida de las personas y los grupos, particularmente aquellos en mayor vulnerabilidad.

 

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