Analista en el SUJ reflexiona sobre el militarismo en México

  • “El presidente de México ha expandido las zonas de influencia política y social de las Fuerzas Armadas, con lo que desconoce acuerdos de cooperación firmados con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, Ernesto López Portillo Vargas.

 

Para el SUJ, es fundamental estimular el interés y análisis por los asuntos críticos de la vida de nuestro país, porque ello es fundamental de cara al proyecto de transformación a que apostamos como universidades jesuitas. Ideal que comparte el Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la universidad jesuita de Ciudad de México, Ernesto López Portillo Vargas.

Quien en su análisis ante el tema de militarismo, recuerda que en diciembre pasado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo públicas sus preocupaciones sobre México: “El contexto de seguridad en México, con la proliferación del crimen organizado y el incremento del tráfico ilícito, es muy complejo. La expansión de las funciones de orden público y civil a las fuerzas militares como una regla ordinaria en vez de una excepción tiene impacto en los derechos humanos. Mi oficina ha hecho un llamado para que se reconsideren estas medidas para cumplir con los estándares internacionales. La administración del presidente López Obrador se ha caracterizado por una creciente atribución de poderes a las Fuerzas Armadas, incluyendo asuntos de seguridad interna a través de la creación de la Guardia Nacional…  de manera que el secretario de la Defensa también ha tenido un mayor papel en los proyectos lanzados por el presidente López Obrador, incrementando su presupuesto y su rol en el desarrollo de infraestructura pública. Ya que fui ministra de Defensa, entiendo que las Fuerzas Armadas pueden jugar un rol importante en muchas cosas, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia, porque son muy buenas en logística e infraestructura; pueden jugar un rol muy importante, pero que tiene que ser guiado por civiles, por políticos, que son quienes dan las órdenes, y los militares tienen que seguir las órdenes que dan los actores políticos que han sido electos por la gente”.

Desde el punto de vista de López Portillo Vargas, la situación no ha mejorado aún después de ocho meses en que la funcionaria de la ONU hiciera la anterior declaración. Más aún, enfatiza el analista, el presidente de México ha expandido las zonas de influencia política y social de las Fuerzas Armadas, con lo que desconoce acuerdos de cooperación firmados con Bachelet, en particular el anunciado en abril de 2019, cuando la Alta Comisionada declaró que “la Guardia Nacional puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil… respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos”.

El Coordinador del PSC considera que las decisiones de la administración de López Obrador suponen un engaño a la oficina de derechos humanos de la ONU, tanto como lo es para la sociedad mexicana, pues el fortalecimiento de la vía militar nunca fue una propuesta electoral y, hoy mismo, esto no se encuentra en la Constitución.

López Portillo Vargas se cuestiona si Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de la ONU, tendrá claridad de las posiciones de poder que hoy tienen las fuerzas armadas en México, así como de los beneficios que están recibiendo debido al incremento de recursos del presupuesto público que, además, no se han sujetado a las reglas de transparencia y rendición de cuentas ya existentes en México.

Finalmente, el analista se pregunta sobre cuáles serán para la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos las alertas de fondo de dicha instancia y si considera que el futuro del Estado Democrático de Derecho esta comprometido.

Nuestra misión es contribuir a que las diferentes crisis que vivimos (económica, energética, medioambiental, alimentaria, de seguridad, entre otras) se conviertan en una oportunidad de transformación cuyos resultados sean democráticos y orientados a poner a la casa común, así como a la dignidad y derechos de las personas, en el centro de todos los planes, decisiones y acciones.

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