Académico del SUJ reflexiona sobre la recién anunciada comisión de la verdad para víctimas de la guerra sucia
  • “La Comisión de la Verdad recién creada en realidad no reúne las garantías orgánicas de independencia e imparcialidad necesarias. Esto hace que esta instancia sea una institución del gobierno, y no de la ciudadanía, como en realidad debería de serlo”, Santiago Corcuera Cabezut.

 

Las comisiones de la verdad son figuras a las que se ha acudido en distintas épocas y partes del mundo para investigar graves delitos y abusos contra la dignidad e integridad de las personas en épocas específicas.

A lo largo de la historia, muchas de las comisiones de la verdad creadas se han constituido como órganos públicos sin funciones jurisdiccionales y sin capacidades para establecer responsabilidades jurídicas individuales. En términos generales, sus mandatos se enfocan a la investigación de los hechos ocurridos, para lo cual deben respetar ciertos parámetros básicos del debido proceso legal.

En su reciente artículo, el defensor de derechos humanos y profesor en la universidad jesuita de la Ciudad de México, Santiago Corcuera Cabezut, reflexiona sobre la creación y anuncio de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, la cual fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como contexto de la recién creada Comisión de la Verdad, Corcuera Cabezut recupera la historia reciente de estos organismos en México, por lo que se remite al sexenio de Vicente Fox durante el que Alexander Borain, presidente adjunto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, visitó México para entrevistarse con el entonces Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .

Dichos encuentros se realizaron gracias al apoyo de la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos, así como del Programa de Derechos Humanos de IBERO Ciudad de México. El objetivo de dichas reuniones era convencerles de los beneficios que tendría para México el implementar una Comsión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos durante la guerra sucia.

El profesor de derecho recuerda que aquellos intentos no lograron frutos. Lo que hizo el gobierno de Fox fue crear a la FEMOSPP (Físcalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado), la cual no logró resultados pues no se procesó a ninguno de los responsables de los crímenes de dicha época. Lo que sí hizo la FEMOSPP fue elaborar un informe que pretendió atender el derecho a la verdad de la sociedad y de las víctimas de la guerra sucia.

Después de ese intento, el también perito en derechos humanos, recupera que el pasado 6 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990: “La Comisión de la Verdad creada mediante este decreto, en realidad no reúne las garantías orgánicas de independencia e imparcialidad necesarias. Estará integrada por las personas titulares de SEGOB, SRE, SHCP, el Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y cinco personas expertas elegidas por SEGOB; pero solamente una de esas cinco personas expertas, la que sea elegida como su presidenta por ellas mismas, tendrá voto. Esto hace que esta Comisión de la Verdad sea una institución del gobierno, y no de la ciudadanía, como en realidad debería de serlo”.

En cuanto a las limitaciones de dicho órgano, Santiago Corcuera señala: “El artículo quinto del Decreto indica que la SRE establecerá vínculos con instancias internacionales para que la SEGOB suscriba los instrumentos necesarios para cumplir los objetivos de la Comisión. Esto, a primera vista, parece benéfico, pero la carencia de autonomía de la Comisión y el dominio que de ella tendrá el gobierno, prevalece. (¿SEDENA abrirá sus archivos?). Lo mejor habría sido atender la propuesta ciudadana de construir una política sobre verdad, justicia y reparación que diversos sectores de la sociedad civil presentaron al gobierno de la República al concluir la caminata del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en enero de 2020. Dicha propuesta fue entregada a miembros del gabinete de seguridad del gobierno actual, pues al Presidente de la República le dio flojera recibir a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los voceros de dicha caminata, a quienes tachó de conservadores”.

Respecto de la propuesta de la sociedad civil, el ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas resalta que una de sus distintas virtudes es que se trata de un mecanismo verdaderamente ciudadano: “Esa propuesta consiste en establecer un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones realmente ciudadano, con la participación de expertos internacionales y el apoyo de organismos supranacionales en materia de derechos humanos. El hoy Presidente, siendo candidato, dijo estar de acuerdo en establecer un mecanismo de esta naturaleza, no sólo para esclarecer los hechos de la guerra sucia, sino también para lograr verdad, justicia y reparaciones por las múltiples atrocidades cometidas desde la guerra sucia al día de hoy. Promesa incumplida, hasta hoy”.

Con la finalidad de profundizar en este y otros temas relacionados, te invitamos a recuperar las actividades y diálogos desarrollados en el 14 Foro SUJ de Derechos Humanos (https://www.iteso.mx/foro-suj), los cuales se centraron en la reflexión y construcción de propuestas para avanzar en la justicia transicional.

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